El dinero nunca dejó de evolucionar. Pasó del metal al papel moneda, y del billete a su "versión" electrónica, sólo por mencionar algunos de sus formatos más usados. Ni hablar de sus marcas sociales: limpio, sucio, fácil, negro, sangriento... Pero, básicamente, siempre tuvo -por así decirles- dos estados existenciales: hay o no hay. Excepto -dónde más, si no- en Tucumán.

En el Estado provincial, se da el caso de la plata que debería haber, pero que no hay. Son las "seis planillas salariales ahorradas" con las que el alperovichismo sacaba pecho, al grito de "recaudación récord", "coparticipación inédita", "provincia mimada por recursos nacionales". Cuando se ponían populistas le decían "colchón". Cuando les daba por hablar difícil, "fondos anticíclicos". De eso no hay nada. Legítimamente nada.

Esas previsiones se tornaban sospechosas de sólo ver la Cuenta de Inversión (informe anual del Tribunal de Cuentas sobre lo que el Gobierno hace con tu plata). Ahí nunca figuraron las reservas. Para más datos, el columnista Marcelo Aguaysol dio cuenta el miércoles de los dos "planes" de la quebrada Casa de Gobierno: asistencia nacional por $ 230 millones o préstamo por $ 400 millones. Uno u otro, o no llegan a fin de año.

La presunción empezó a ganar cuerpo en las sucursales bancarias: ya hay dos municipalidades del Oeste con un ramo de cheques "rebotados" por falta de fondos.

Pero el asunto se materializó en la casa central del agente financiero. Un ministro (y no el de Economía) pidió primero, y exigió después, que fueran puestas a disposición del Gobierno, y con urgencia, las cuentas judiciales inmovilizadas. Le dijeron, las dos veces, "no". Y eso deriva en otro estado del dinero en Tucumán.

Fondos

Todo dinero que deposita un abogado por un juicio va a una cuenta especial, la Cuenta Judicial, en el Banco del Tucumán. Si pasados tres años ese depósito no registra movimientos, se convierte en una cuenta judicial inmovilizada. Y según la ley 6.059, el Banco del Tucumán debe "ingresar" esas cuentas inmovilizadas en la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán. Esos dineros no se tornan propiedad de esa caja: pasan a ser administrados por ella. Específicamente, los deposita en plazo fijo y usa en su beneficio los intereses que se generan.

En realidad, fue así desde 1952 -la Caja fue creada por la Ley 2.480- hasta 1996. Desde que el Banco Provincia fue privatizado y pasó a manos del Comafi, jamás la Caja volvió a recibir un peso de cuentas judiciales inmovilizadas. Total, si incumplir leyes fuera un cultivo, aquí la caña de azúcar, la soja y el citrus serían cosa de huertas comunitarias. Luego, el Macro se hizo cargo de la entidad crediticia y no varió la política de su predecesor en este aspecto.

En 2009, la caja previsional intimó al banco a que cumpla con la norma. Y el 31 de mayo de 2010 le inició una acción judicial por cobro (exp. 1.402). El banco planteó una acción de nulidad: no le hicieron lugar. Y en diciembre de 2011, la Legislatura votó que las cuentas judiciales inmovilizadas pasen a convertirse en fondos asimilables a las cuentas oficiales. O sea, que queden a mano de la Casa de Gobierno, la que por decreto puede incorporarlas al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y, entonces sí, disponer de ellas. Pero no pudieron: la aplicación de la Ley 8.478 está suspendida por una cautelar. La dictó el 26 de marzo la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad que promueve la caja previsional.

Justamente, en virtud de esa cautelar es que al enfurecido ministro le explicaron que no iban a darle un peso de esos dineros judiciales. Lo contrario haría incurrir al banco en desobediencia judicial, uno de los pocos delitos por los que los banqueros pueden ir presos de verdad en este país.

Trasfondos

¿Cuál es el revés de esta trama de leyes incumplidas? El titular de la caja previsional, Pedro Yane Mana, dice que ignoran el monto de las cuentas judiciales inmovilizadas: jamás le dieron el dato. Por vía del BCRA (donde denunciaron al Banco del Tucumán), conocen que en diciembre 2010, las cuentas judiciales locales totalizaban $ 310 millones, pero sin discriminar las inmovilizadas de las otras. En el Gobierno confían, con avergonzada sinceridad, que tampoco conocen la cifra exacta.

El banco, huelga decirlo, sí tiene la información y actualizada, aunque por razones legales. Durante el trimestre en que la hoy estéril Ley 8.478 estuvo vigente, el banco -por imperio de esa norma- remitió a cada juez "comunicaciones", con el listado de las cuentas judiciales de su juzgado, para que identificara cuál cuenta era inmovilizada y cuál no. Si en 30 días hábiles (fijados por la esa ley) el magistrado no respondía, se consideraban inmovilizadas todas las cuentas de la respectiva lista (algunas eran de 30 fojas). Por ende, pasaban a ser fondos asimilables a cuentas oficiales.

Aquí se advierte que la pelea por la administración de las cuentas judiciales inmovilizadas no es una cuestión que afecta sólo a los abogados y procuradores jubilados luego de trabajar toda la vida (o a sus deudos pensionados). Abarca a todos los tucumanos que acudieron a la Justicia. O que van a hacerlo. Hoy, cuando un pleito con cuenta judicial inmovilizada se resuelve, el juez ordena a la caja previsional el pago y este se hace efectivo. ¿Qué pasará si esos dineros van a rentas generales? ¿El Gobierno en Emergencia Económica perpetua entregará esos fondos sin demoras y en efectivo? ¿O dará títulos de la deuda pública, luego de mandar al beneficiario a la larga cola de acreedores?

Ahí, otro estado del dinero: se sabe dónde está, pero se ignora cuánto es.

Claves

¿Para qué quiere el Gobierno, con Presupuesto 2012 de $ 14.000 millones, los $ 70 millones que, se estima, hay en cuentas judiciales inmovilizadas? Perjudicar a la caja previsional, vinculada al Colegio de Abogados que tronchó en la Justicia media Constitución de 2006, no parece el motivo principal: hace 16 años que la Caja no ve un peso de allí.

En los corrillos alperovichistas ventilan cierta urgencia del Gobierno por conseguir recursos que le permitan compensar sus giros en descubierto y así no pagar intereses al banco. El mecanismo es así: el Gobierno paga obligaciones a diario con la plata de la cuenta Z-05. Pero a su vez, tiene dineros -en los montos más variados- en las cerca de 2.000 cuentas oficiales abiertas en el mismo banco (unas con $ 10.000, otras con $ 150 millones). La suma de esos recursos es el monto del FUCO.

Cuando el FUCO tiene más que lo que salió por la Z-05, el Gobierno está feliz: no está en "rojo". Hoy ocurre eso. Pero las proyecciones dicen que en el segundo semestre (cuando los aumentos salariales otorgados en dos partes se paguen al 100%), ese equilibrio puede quebrarse. Y estar en "rojo" (por los costos políticos que implica el déficit, y por el costo económico de los intereses bancarios) le provoca frío en la espalda a la gestión de José Alperovich.

Paraderos

En Tucumán también hay dinero del que se sabe cuánto hay, pero que se desconoce dónde está. El último informe de Cuenta de Inversión corresponde a 2010 -el de 2011 estará en septiembre-. Y tiene un dato alarmante: le dieron dictamen desfavorable al Estado Patrimonial de la provincia. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2010, el "saldo inicial" de la Tesorería registraba $ 30,5 millones menos que el "saldo final" del 31 de diciembre de 2009.

Y están los $ 957 millones, que representan el 70%, de la deuda de las municipalidades, dentro de fondos fiduciarios, esas figuras del derecho privado que están en un "no lugar": yacen "fuera" del Presupuesto público de la Provincia, pese a que se componen con recursos del Tesoro estatal. Y que no se controlan aunque el artículo 78 de la Constitución de 2006 dice: Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.

Excedidos

Por supuesto, también está el caso del dinero del que no se saben ni montos ni ubicaciones. O por su nombre de pila, "excedentes financieros". A la Legislatura, a la Justicia y al Tribunal de Cuentas, por ley, se les debe liquidar cada mes la 12° parte de su presupuesto anual. Parecía que nunca les sobraba nada, porque en las Cuentas de Inversión nunca apareció que comenzaran un año con plata del ejercicio anterior. Pero cuando la Legislatura expropió la casa de la familia Manganelli para que el Tribunal de Cuentas haga una cochera más cómoda y (después del escándalo) oficinas, el ente de contralor dijo que afrontaría los costos con "ahorros". ¿Cuáles, si no presta servicios a terceros?

La Justicia corre con una ventaja coyuntural: plantea su Presupuesto sobre la base de tener todos sus cargos cubiertos. Y se cumple, pese a todas las vacancias. Podría suponerse que los "excedentes financieros" fueron a parar a las obras tribunalicias, parlamentarias y del ente de control. Pero resulta que los trabajos figuran presupuestados sin los "excedentes financieros" como fuente de financiación. Es más, hay kirchneristas que se quejan de que la Nación debió aportar casi $ 45 millones para que pudieran "terminar" la flamante sede parlamentaria cinco estrellas.

Sobrantes

Obvio, en Tucumán, aparece plata que no se sabía que sobraba y que se ignora de dónde provino. Es todo el dinero que el alperovichismo resignó en beneficio de Ivisa. La firma que no paga Ingresos Brutos: los tributa en otro distrito. Además, por la ley que el jueves le prorrogó la explotación de las tragamonedas por 37 años más desde 2025, y que le entregó por 50 años el ex hotel Savoy desde ahora, tampoco pagará Impuesto de Sellos. Por cierto, no paga Impuesto Inmobiliario: el edificio del Casino es patrimonio arquitectónico e histórico de Tucumán. Licencia de impunidad fiscal, que le dicen.

Finalmente, el dinero cobra estado político. Y reconfigura la decisión alperovichista de descartar otra reforma constitucional para habilitar más reelecciones. O sea, ¿por qué van a querer seguir en el poder si ya se acabó la plata?